• Impuestos, infancia y empleo: las claves económicas del pacto de PP y Ciudadanos

     

    • Los 32 diputados liberales anuncian su apoyo a la candidatura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en la sesión de investidura.

     

    Llegó el día esperado. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha logrado su objetivo: los 32 diputados de Ciudadanos votarán a favor de su candidatura a la reelección, cuya primera votación está prevista para el miércoles 31 de agosto. Los de Albert Rivera unirán sus votos a los 137 de las formaciones conservadoras del Congreso -PP, UPN y Foro- y al de Coalición Canaria. Tras una semana de negociaciones, los portavoces parlamentarios del PP y Ciudadanos, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta, han firmado este domingo un pacto de investidura. “El PP irá a la investidura con 169 escaños, esperemos que 170 [en referencia a la diputada Ana Oramas de Coalición Canaria]”, ha anunciado solemnemente Rajoy. Con esta cifra, al candidato conservador le faltan 6 votos a favor para lograr la mayoría absoluta.

    El documento, con 44 páginas de extensión y bajo el nombre 150 compromisos para mejorar España, ha sido defendido este domingo a mediodía en el Congreso por los líderes de ambas formaciones, acompañados de miembros de los equipos negociadores. El texto recoge 150 propuestas para llevar a cabo durante toda la legislatura (2017-2020). El acuerdo se divide en cinco áreas: economía y empleo; sociedad del bienestar y del conocimiento; lucha contra la corrupción, transparencia y regeneración democrática; marco institucional y modelo territorial; y el papel de España en Europa y en el mundo.

     

    “Se acabaron los recortes en políticas sociales”, ha exclamado un eufórico Albert Rivera tras la firma del acuerdo. El pacto prevé un aumento del gasto en 28.500 millones de euros en cuatro años, mientras que presupuesta 29.000 millones más de ingresos, gracias a la reforma del Impuesto de Sociedades, la revisión de la amnistía fiscal, la lucha contra el fraude fiscal y la eliminación de duplicidades administrativas. Sin embargo, el pacto contiene una cláusula en su primera página que es clave: toda dotación presupuestaria quedará supeditada a “la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria”. La nueva exigencia de la Comisión Europea es rebajar el déficit público al 3,1% en 2017. Bruselas tendrá, por tanto, la última palabra.

    El pacto alcanzado entre Rajoy y Rivera tiene una vigencia de una semana, según anunció Rivera. “Yo en este acuerdo me encuentro cómodo”, ha afirmado, por su parte, Rajoy. Su fecha de caducidad está señalada para el viernes 2 de septiembre, cuando se celebre la segunda votación de la investidura. En ese caso, Rajoy necesitaría 11 abstenciones para ser elegido. Ninguno de los dos líderes ha querido explicar qué harán en el caso de que fracase el proceso.

    El presidente del Gobierno mantendrá un encuentro este lunes a las 13 horas en el Congreso con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para solicitarle la abstención de los 84 diputados socialistas para que pueda formarse Gobierno. “Le diré [a Sánchez] lo que le he dicho desde el 21 de diciembre, pero con 170 escaños. ¿Quieres que se repitan las elecciones?”, ha asegurado Rajoy, quien ha calificado de “excepcional” la situación política. Ferraz ha mantenido que votará en contra de la candidatura de cualquier candidato del PP. “Ni están, ni se les espera”, ha señalado Rivera. No hay previstas, en este momento, reuniones con otros grupos parlamentarios o diputados.

    • Se recupera dinero perdido por la amnistía fiscal

    Uno de los principales compromisos que Ciudadanos afirma haber arrancado del Partido Popular es la revisión de la amnistía fiscal, de modo que se cumpla en los términos iniciales, por los que quienes se acogieron a esta regularización de bienes pagaban un gravamen del 10%. Sin embargo, como explicó Rivera en rueda de prensa, una orden ministerial posterior rebajó ese gravamen al 3%. El cumplimiento integral de esa amnistía fiscal supondrá ingresos “cuyo cálculo corresponde a Hacienda”, apuntó Rivera, pese a que Ciudadanos había hecho una estimación por 2.800 millones de euros. La cuantía de hecho no está precisada en el documento de medidas y se suma a los ingresos previstos de la lucha contra el fraude. Así, la recuperación de la amnistía fiscal y la mejora de la lucha contra el fraude permitirán ingresos de 1.000 millones de euros en 2017 y de 2.000 millones anuales en los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. En definitiva, ingresos totales en esta partida por 7.000 millones de euros en cuatro años de legislatura.

    La lucha contra el fraude, además del cumplimiento efectivo de la amnistía fiscal incluye otras medidas como la revisión de la lista de paraísos fiscales, el refuerzo del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y el endurecimiento las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes. El plan de lucha contra el fraude contará con una dotación de 100 millones de euros en 2017, 350 millones en 2018, 400 millones en 2019 y 450 millones en 2020.

    Además, y dentro de las medidas antifraude se incluye la reforma de las sicav, de modo que dejen de estar bajo supervisión de la CNMV y queden bajo el control de la Agencia Tributaria. El objetivo es que las que no sean auténticas instituciones de inversiones colectivas no tributen al tipo privilegiado del 1% sino al tipo general del Impuesto de Sociedades.

    • No subirá el IRPF en la legislatura y bajará limitadamente el IVA cultural

    El documento descarta subidas del IRPF. “La clase media no se merece más impuestos, vamos a premiar a los que han cumplido”, señaló Rivera en rueda de prensa. Y no se prevé una rebaja del IRPF hasta que no se haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit público por debajo del 3%. “Se apunta a una rebaja del IRPF cuando se cumplan los compromisos”, ha señalado Rajoy. Entonces, el IRPF se recortará en dos puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5%.

    El IVA tampoco subirá durante la legislatura. A pesar de los anuncios en campaña electoral, la bajada del IVA cultural al 10% (tipo reducido) únicamente se aplicará para los espectáculos en directo, o sea, conciertos y obras de teatro, según el documento del pacto. El cine y los cds y dvds seguirán teniendo un 21% de impuesto, a pesar de las reclamaciones del sector.

    • Reforma del impuesto de sociedades

    El plato fuerte en materia de recaudación será la reforma del impuesto de sociedades, que contempla la eliminación de deducciones a las grandes empresas. El objetivo es “mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto”, para así aproximar los tipos efectivos de las grandes empresas a los nominales y acercar la recaudación a la media de la zona euro. La reforma de este impuesto permitirá un ingreso para las arcas públicas de 3.000 millones de euros en 2017 y de 4.000 millones de euros anuales de 2018, a 2020. Un total de 15.000 millones de euros en el plazo de cuatro años.

    • Una nueva reforma laboral

    Uno de los grandes escollos de la negociación del pacto de investidura se ha vivido en materia laboral. Ciudadanos defendía la implantación del contrato único, pero los de Rivera no logran este objetivo. En su lugar, el pacto habla de la reducción a tres las modalidades de contrato: el indefinido, uno denominado “de protección creciente” y otro de formación.

    El contrato único pasa denominarse “de protección creciente”, que en el pacto con el PSOE se llamó “estable y progresivo”. Este contrato tendrá una indemnización por finalización de 12 días el primer año, 16 días el segundo y 20 el tercero. En el pacto con los socialistas, el contrato se convertía en indefinido automáticamente a los tres años. Sin embargo, en su versión nueva tiene una duración máxima de dos años, ampliable 12 meses y solo se incentiva su metamorfosis en fijo con 500 euros de deducción mensual en la base de cotización durante cuatro años. Por ejemplo, si un trabajador gana 1.500 euros la empresa pagará a la Seguridad Social únicamente por 1.000 euros. Actualmente, las empresas pagan en torno al 24%. La base mínima de cotización por contingencias comunes son 764 euros al mes y la máxima 3.642.

    • Mochila austriaca

    La idea consiste en que el trabajador disponga de un fondo propio con aportaciones empresariales. La idea ya aparecía en el programa electoral del PP de 2011 pero el partido de Rajoy adujo que no se podía llevar a cabo debido a la situación de crisis económica. Ciudadanos recuperó esta idea y la formuló como un nuevo seguro contra el despido.

    Esta mochila, asegura el acuerdo, irá “siempre con el trabajador” y no se utilizará para pagar pensiones o prestaciones por desempleo; es una suerte de ahorro individual de la que el empleado hará uso cuando sea despedido y de la que conocerá su importe en todo momento. En caso de despido o jubilación, el trabajador podrá cobrar esa cantidad o llevársela consigo si cambia de trabajo. Ciudadanos estableció el porcentaje, que sería aportado por el empresario, en un 1%. No supone un coste para las arcas públicas, pero, a falta de conocerse los detalles, sí supondrá un gasto para las empresas.

    • Implementar un compromiso salarial garantizado

    Una de las medidas estrella de Rivera era el complemento salarial garantizado, que se incluye en el pacto de manera limitada. En el programa electoral de Ciudadanos explicaba que se trataba de una ayuda a título personal de 1.400 euros anuales de media, repartida en 14 pagas de 100 euros. Estaba destinada a aquellas personas que declaren ingresos por debajo de los 17.000 euros anuales. En esta ocasión el pacto entre PP y la formación naranja no es tan prolijo en detalles. Únicamente explica que se realizará como un impuesto negativo sobre el IRPF. La dotación presupuestaria original de esta medida eran 2.800 millones de euros al año. El pacto la reduce a 1.300 en el primer ejercicio y 2.100 en los años restantes.

    • Revolución para los autónomos

    Se incluye una remodelación total del régimen de autónomos con cinco grandes misiones. Primera, que los que no ganen el salario mínimo no tengan la obligación de cotizar. Segunda, que se establezcan fórmulas para que el trabajo autónomo pueda ser a tiempo parcial o una forma de complemento económico y no una forma de vida. Tercera, lograr que se pueda cobrar la pensión de jubilación y, con total compatibilidad, desarrollar una actividad por cuenta propia. Cuarta, que se pueda computar para la pensión toda la vida laboral. Y, quinta, igualar su protección social a la del resto de trabajadores.

    Mientras se reforma la normativa, en el primer mes de Gobierno se aprobará una ley para que ningún autónomo tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido de forma efectiva. En este apartado urgente hay varias medidas, como ampliar la cuota reducida de 50 euros al mes para nuevos autónomos de seis meses a un año, permitir hasta cuatro cambios al año en la base de cotización, bonificar la cuota en su totalidad de las trabajadoras autónomas durante la baja por maternidad y equiparar los incentivos económicos de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad en los dos años posteriores a la maternidad con los que disfruten las trabajadoras del régimen general.

    • Revisión de la lista de paraísos fiscales

    El pacto prevé una revisión del listado de paraísos fiscales para volver a incluir a los Estados a aquellos países que no cooperen con España en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. El 1 de enero de 2015 el Ministerio de Hacienda actualizó el listado de países y territorios considerados como paraísos fiscales y la redujo de 48 territorios a 33. Montoro sacó a 15 territorios tras la firma de varios convenios para evitar la doble imposición y el compromiso de intercambio. Salieron de la lista Estados como Andorra, Chipre, Malta y Panamá. Este último ha sido utilizado por Rivera en la rueda de prensa para reclamar la importancia de realizar esta revisión. El país latinoamericano se ha visto recientemente envuelto en la polémica de ‘Los papeles de Panamá’, una filtración masiva de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, que era utilizada por multitud de personalidades públicas para evadir impuestos.

    • Eliminación del impuesto al sol

    En materia energética, el PP y Ciudadanos se comprometen a impulsar un pacto estatal por la energía, para ofrecer seguridad jurídica a los inversores y fomentar la competencia. “Si queremos una transición energética, no se pueden penalizar las energías renovables”, ha señalado Rivera. El pacto contiene la intención de suprimir el denominado “impuesto al sol”, las dificultades impuestas por el Gobierno de Rajoy al autoconsumo eléctrico y fomentar las energías renovables y la eficiencia energética. Unos objetivos que también perseguirá la nueva legislación de cambio climático y transición energética, incluida en el acuerdo. Esta ley establecerá unos objetivos concretos para los años 2030 y 2050, así como asumirá los compromisos adquiridos por España en la Cumbre Mundial del Clima COP 21 celebrada en París en diciembre de 2015. En ese evento, 195 países se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono y hacer todo lo posible para mantener el calentamiento global “muy por debajo de 2 grados centígrados”.

    • Aumentar al 2% del PIB la inversión en I+D+i

    Rivera y Rajoy adquieren el compromiso de aumentar la inversión pública en innovación al 2% del PIB en el año 2020. “Queremos establecer un modelo de I+D+i que reconozca adecuadamente la labor de los investigadores”, reza el documento. España invirtió, en gasto público, el 0,23% del PIB en 2014, según un informe de la EAE Business School sobre ‘La Inversión en I+D+i’ publicado en abril. El pacto anuncia también la creación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, una serie de centros de investigación e institutos tecnológicos con financiación mixta público-privada. Según la dotación presupuestaria del documento, la inversión prevista en esta red será de 100 millones de euros en 2017 y 650 el resto de años de la legislatura.

    • Políticos fuera de los supervisores

    Que los organismos supervisores fueran absolutamente independientes ha sido uno de los grandes mantras de Ciudadanos, y es uno de sus objetivos conseguidos.

    El nuevo Gobierno garantizará “la independencia de los organismos reguladores evitando la politización de sus órganos de gobierno”. Es decir, todas las autoridades administrativas independientes –Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Consejo de Seguridad Nuclear y el Tribunal de Cuentas, entre otras– dispondrán de “independencia orgánica y funcional”.

    El acuerdo apunta con el dedo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) como el ejemplo que debe de seguirse para todos esos organismos. La AIReF se creó como una exigencia del memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno y Bruselas en julio de 2012, cuando obtuvo el rescate para el sistema financiero.

    El presidente de la AIReF es absolutamente independiente: su presidente es nombrado por el Congreso por seis años no renovables y tiene plena completa autonomía para dirigir el organismo. Ni su presidente ni los miembros de los órganos ni el resto de personal de la AIReF pueden solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada.

    Entre los supervisores financieros y empresariales que ya gozan de independencia, además de la AIReF, está la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su presidente y sus consejeros son nombrados por el Parlamento, su mandato es de seis años no renovables y están sometidos al control periódico del Congreso.

    Mientras, las cúpulas de la CNMV y del Banco de España son nombradas por el Ejecutivo. Sus mandatos son de cuatro años, renovables por otros cuatro en el caso del supervisor de los mercados, y de seis años, sin posibilidad de renovación, en el de las entidades financieras.

    La financiación de los supervisores será al margen de los Presupuestos, con tasas establecidas por ley y todos sus presidentes y sus consejeros serán elegidos por el Congreso, “entre personas de reconocido prestigio y con más de 10 años de experiencia profesional y sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos transparentes y meritocráticos”. Esta medida, por ejemplo, dejaría fuera de la presidencia de la CNMV a Elvira Rodríguez, exdiputada por Jaén por el PP.

    •  Separación de la regulación empresarial y de defensa de la competencia

    La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se creó en 2013 y fusionó los reguladores de los sectores económicos en red (energía, telecomunicaciones, sectores audiovisual, postal y de transporte) y la Comisión de Nacional de la Competencia.

    El acuerdo modifica la estructura de la actual CNMC, al separar las funciones de regulación de competencia en dos entidades independientes. Asegura, y es así, que ese modelo dual es el vigente en la mayoría de países de nuestro entorno.

    Así, por un lado, se creará una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM) que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos.

    Por otro, nacerá Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado. La AIDeCo asumirá además las funciones de protección y defensa de los consumidores y usuarios, siguiendo el modelo de la UE.

    • Dación en pago

    Ahora mismo, un hipotecado debe hacerse cargo de la deuda que le quede después de que su vivienda sea subastada. El objetivo del Gobierno será “flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su casa durante tres años con un alquiler que no superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar del deudor”.

    • Penalizar a las empresas que despidan y premiar a las que contraten

    Se establecerán penalizaciones a las empresas que utilicen “de manera abusiva “un exceso de despidos por contratos de duración temporal; a ellas se les incrementarán las cotizaciones sociales por desempleo. Al tiempo, se fijará un bonus en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos, comparadas con otras de su mismo sector. El diseño de esta medida se realizará de forma que no perjudique la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevos sectores productivos

    • Igualar los permisos de maternidad y paternidad

    La formación de Albert Rivera defendía el aumento de los permisos de maternidad y paternidad para mejorar la conciliación. En la actualidad, una mujer cuando nace su hijo tiene derecho a solicitar una prestación de 16 semanas, mientras que el padre tiene 13 días. Entre ambos progenitores suman, por tanto, 18 semanas. Entre enero y junio de 2016, 140.125 mujeres se acogieron a este subsidio y 122.125 hombres, según los datos de la Seguridad Social.

    La medida de Ciudadanos buscaba aumentar hasta 26 ese cómputo. Cada progenitor tendría así ocho semanas iguales e intransferibles y, posteriormente, otras 10 semanas que podrán ser compartidas entre ambos. El pacto firmado con el PP prevé aumentar a 22 semanas el cómputo total en 2017 y 26 en 2018, según explicó Rivera en la rueda de prensa. Esta ampliación costará 400 millones de euros en 2017 y, a partir de 2018, 800 millones al año.

    • Pobreza y dependencia

    En total serán 5.680 millones de plan contra la pobreza infantil entre el próximo año y 2020. Para 2017 están presupuestados 1.000 millones, mientras que la cifra sube a 1.560 millones anuales en los tres siguientes ejercicios. El acuerdo refuerza los fondos creados desde 2014 y se propone impulsar la “elaboración de planes autonómicos y locales de infancia y adolescencia”.

    También se creará una tarjeta social que permita conocer para cada individuo las prestaciones y asistencias sociales de las que se beneficia por parte de las diferentes administraciones públicas.
    Al mismo tiempo, se recuperarán los recursos anteriores a 2012 dedicados al Sistema Nacional de Dependencia. Así, la dotación anual será de 440 millones de euros. Se llevará a cabo también en coordinación con las comunidades autónomas, un proceso de evaluación permanente de la Ley de Dependencia en España para garantizar unos estándares comunes de calidad.

    • Financiación autonómica y  administración del Estado

    La reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas está encima del tapete. El objetivo es “corregir las insuficiencias del sistema y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad”. El nuevo sistema establecerá una cartera de servicios comunes para todos los españoles garantizados por el Estado, que podrán ser ampliados por las comunidades, siguiendo el principio de corresponsabilidad fiscal.

    Aunque Ciudadanos no ha logrado su objetivo de eliminar las diputaciones, el documento sí incluye su reducción: eliminar “las duplicidades administrativas y los organismos innecesarios”. Los ahorros serán de 1.000 millones en 2017 y de 2.000 millones anuales a partir del siguiente ejercicio.

    Además, se convertirá el Senado en una estricta cámara territorial con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura del Estado. PP y Ciudadanos se comprometen a apoyar la reducción sustancial del número de senadores (ahora, 266).

     

    Fuente: CINCO DIAS
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